Presunto Alicante. Sus dos últimos alcaldes, investigados por la justicia

Las imputaciones que acumulan, por diferentes asuntos judiciales, los dos últimos alcaldes de Alicante, los 'populares' Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, podrían sentar en breve a ambos, mentor y alumna aventajada, en el banquillo de los acusados.

Los dos políticos están siendo investigados en el marco del Caso Brugal por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Pero además, Alperi se enfrenta a un proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia valenciano tras la reciente denuncia de Fiscalía contra él por falsedad, cohecho y varios delitos fiscales. En este último caso, se sospecha que Alperi pudo haber "fabricado" contratos falsos para ocultar ganancias de dos millones de euros y evitar declarar a Hacienda hasta 650.000 euros.

Así, la apertura de juicio oral se cierne sobre ambos y no hay día en que desde la oposición no se exija sus dimisiones o se pida una actuación ejemplar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Voces cercanas al PP aseguran que Génova está atenta a todos estos acontecimientos aunque, por el momento, no hay más reacciones visibles que algún desplante puntual.

Aparentemente ajeno, Alperi sigue ocupando su escaño de diputado en las Cortes Valencianas, aprovechando los aburridos momentos que parece pasar allí para cortarse las uñas. Mientras, Castedo saca las suyas y se las afila cada vez que alguien plantea que sus constantes idas y venidas para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia lastran la gestión municipal.

Alperi, un superviviente en lides judiciales

Díaz Alperi (Oviedo, 1945) arrasó en las urnas en las primeras elecciones a las que se presentó en 1995, marcando un cambio de ciclo y dejando en la cuneta al ex regidor socialista, Ángel Luna. Llegó a la alcaldía arrastrando las deudas de un negocio ruinoso y habiendo sido condenado a pagar 25 millones de las antiguas pesetas por no haber devuelto un préstamo al Banco Herrero mientras era administrador de la empresa Alivacsa.

Durante los 13 años en los que estuvo al frente del consistorio consiguió cuatro mayorías absolutas, su patrimonio personal fue creciendo y su portafolio judicial se fue ampliando con varios casos de los que, sin embargo, siempre salió indemne.

Uno de ellos es el supuesto saqueo de fondos públicos de Mercalicante (una investigación en la que se constató la "pérdida" de 6 millones de euros en esta empresa pública. A pesar de los indicios, Alperi fue finalmente exculpado por el TSJ y sólo se responsabilizó a los técnicos.

Enrique Ortiz (i), Díaz Alperi y Sonia Castedo, en un entierro. | E.C.

Otro fue el 'Caso Parkings', en el que se acusaba al entonces alcalde de beneficiar al promotor Enrique Ortiz en la construcción de tres aparcamientos. Este asunto es particularmente significativo porque en él aparecían por primera vez como imputados tres de los actores principales del actual "caso estrella", el 'Brugal': Alperi, Enrique Ortiz y Sonia Castedo (que en aquel momento ejercía como concejal de Urbanismo). En esta ocasión, el TSJ archivó el caso por falta de pruebas.

De jefa de prensa a alcaldesa

Aparte de las coincidencias judiciales, la fulgurante carrera política de Sonia Castedo (Ribadeo, 1970) ha estado íntimamente ligada a Luis Díaz Alperi. Licenciada en Sociología, ingresó durante la primera legislatura del ex alcalde en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento y dos años después ya ejercía como jefa de prensa. En 1999 fue nombrada concejal y en 2003 primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y presidenta delegada del Patronato Municipal de la Vivienda.

Alperi felicita a Castedo. | E.C.

Poco a poco se convertía en la mano derecha de Alperi, quien a mediados de 2008, le cedió la vara de mando. Ese mismo mes de septiembre, Castedo se convertía en la primera mujer alcaldesa de Alicante. Política efectista y siempre cercana a las asociaciones vecinales, a los comerciantes y a la fiesta (ella misma fue Bellea de la Hoguera Princesa Mercedes), consiguió reafirmarse en la alcaldía tras barrer en las elecciones de 2011, con las que el PP amplió su mayoría absoluta pasando de 15 concejales a 18.

Es precisamente la época en la que Castedo ejerció responsabilidades al frente de Urbanismo la que se investiga ahora en el Caso Brugal. Supuestamente durante esos años la edil podría haber dado un trato de favor a Ortiz en la revisión del Plan General de la ciudad. A cambio, la Policía cree que recibió una serie de dádivas como viajes, un coche y colocar a gente en empresas de Ortiz.

Si hay algo de lo que no se puede acusar a la actual alcaldesa es de amilanarse ante las circunstancias. Aunque después negaría la mayor en su primera declaración ante el TSJCV, desde el primer momento reconoció con total naturalidad haber recibido algunos de estos regalos por parte del constructor, como una cazadora de Carolina Herrera (que cambió porque la tenía repetida), los viajes realizados junto a su familia en el yate de Ortiz o la mediación del empresario para dar trabajo en las empresas de éste a allegados y conocidos. ¿Acaso ustedes los periodistas no reciben regalos?, espetaba a la prensa Castedo tras la propuesta de imputación del fiscal, posiblemente olvidando que, en su caso, está ejerciendo una responsabilidad pública y que Ortiz, además de ser el principal dueño de suelo de Alicante es también el principal contratista del Ayuntamiento de Alicante.

Ortiz y Castedo, en el Rico Pérez. | E.C.

Desde que el Caso Brugal llegó al TSJ de Valencia, Castedo ha derivado entre criticar la dilación del proceso e interponer hasta una veintena de recursos (que lo han retrasado todavía más). En el último, la alcaldesa pedía volver a declarar voluntariamente para aportar una serie de documentos inéditos que, según aseguró, "confirman" su inocencia y descartan el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de su ciudad, por el que está imputada.

También Alperi ha recurrido su imputación. Su defensa ha denunciado un supuesto ataque de los magistrados valencianos, que lesiona su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Por ello el ex alcalde ha pedido amparo al Constitucional para "declarar la nulidad" de los autos que recogen los hechos delictivos que le imputan.

'Y estalló 'Brugal''

El caso por el que están imputados Castedo y Alperi se trata en realidad de una de la veintena de piezas separadas en las que está dividido el Caso Brugal, una supuesta trama de corrupción que, originariamente, está relacionada con los presuntos sobronos que salpicaron la adjudicación en 2007 del servicio de recogida de basuras en la ciudad de Orihuela.

El asunto pareció haberse saldado con la detención del empresario Ángel Fenoll, varias personas de su entorno y concejales de distintos consistorios de la zona. Fueron detenidos Fenoll, su hijo y un concejal del PP, que evitaron la cárcel previo pago de 26.000 euros.

Pero el hilo se fue estirando a partir de las cintas que Fenoll presentó a la Policía, unas grabaciones con cámara oculta en las que aparecían sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Estas provocaron la apertura de nuevas diligencias y una segunda fase de la operación.

Ésta a su vez, se divide en varias ramificaciones. La más mediática estalló en julio de 2010 con las detenciones del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

La presunta implicación de Ripoll estaría relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz, de la que forma parte el constructor alicantino. El ex presidente del PP alicantino y ex concejal (actualmente director del Puerto de Alicante) acabó imputado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y uso de información privilegiada.

De nuevo, el seguimiento policial a los presuntos actores de la trama, ayudó a abrir otro capítulo de Brugal. En él se conectaba a Ortiz con el Ayuntamiento de Alicante, apuntando en esta ocasión a presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los informes policiales de la Fiscalía Anticorrupción hacían en este caso referencia al supuesto de que Alperi y Castedo, presuntamente pudieran haber facilitado información privilegiada; que Castedo supuestamente pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez; y que pudo haber recibido dádivas del empresario. También que Castedo podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".*